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La Constitución: análisis


Algunos aspectos económicos y, sobre todo, la organización territorial del Estado, son las partes más originales de la actual Constitución española.

Definida la forma de Estado, los títulos de la Constitución que se refieren a los derechos de los ciudadanos reciben un fuerte impulso del ponente socialista, que exige la detenida enumeración y no la simple remisión a tratados internacionales.
    También en lo económico y en lo social la Constitución recibe la influencia decidida de las fuerzas de izquierda: aun definiéndose el sistema económico español como una economía social de mercado, como en el resto de países occidentales, hay una serie de artículos que hablan, por ejemplo, del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, de la subordinación de la riqueza al interés general, de la planificación. Una retórica inspirada en la reciente revolución de los claveles portuguesa y que jamás ha sido aplicada.
    Muy progresista es el título IX, también debido principalmente a Gregorio Péces-Barba, según el cual corresponde a los poderes públicos garantizar la igualdad de los derechos de todos los españoles.

    Sin embargo es el título VIII, referente a la organización territorial del Estado, el más original, debatido, y finalmente ambiguo. Se trata de incluir las fuertes reivindicaciones nacionalistas vasca, catalana y gallega y las incipientes valenciana, canaria y andaluza, esta última sin el sentido histórico o geográfico de las otras, pero fomentada por el PSOE. Y esta inclusión de reivindicaciones debe satisfacer al mismo tiempo a quienes se sienten diferentes de los demás y al principio de igualdad de todos los ciudadanos.
La situación vasca es complicada. Los nacionalistas exigen en 1977 (como en 1998) la restitución de los fueros precedentes a 1839, por los que el País Vasco gozaba de una soberanía compartida con el Monarca español. Por otro lado, lo que en 1839 se dejó a las tres provincias vascongadas es un concierto económico, es decir un trato especial respecto al resto de España por lo que se refiere al pago de impuestos. Franco, tras la Guerra Civil, deroga este concierto a Vizcaya y Guipúzcoa, que se han opuesto a su invasión, mientras que lo sigue permitiendo en Álava, que ha adherido inmediatamente al alzamiento.
La solución que da a todo esto la Constitución de 1978 es: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». A parte de los larguísimos debates que llevan a aceptar el término nacionalidades, este texto no diferencia el grado de autonomía que pueden alcanzar una nacionalidad y una región, que además no están definidas ni individualizadas.
Además describe, en otro artículo, dos ritmos diferentes para que el Estado conceda esta autonomía, pero no cierra el tema de la diferenciación.
La Constitución proclama su respeto por los derechos históricos de los territorios forales (además de los tres territorios vascos, no olvidemos Navarra), pero no precisa en qué consisten estos derechos.
    El constitucionalista Francisco Rubio Llorente escribe que «se trata de una concepción en cierto sentido provisional, que no incluye, ni para acogerla ni para rechazarla, la visión catalana y vasca... En este extremo fundamental, nuestra Constitución sigue estando abierta, inconclusa», lo cual no es en sí negativo.