España 1973-1977

LA TRANSICIÓN

España 1973 - 1977

En 1973 el franquismo da sus últimos coletazos. El Caudillo deja en manos del almirante Luis Carrero Blanco la Presidencia del Gobierno para quedarse sólo con la Jefatura del Estado. El poder real reside desde los años 60 en las manos del Opus Dei, que va ocupando los lugares de mando del país.
A la muerte de Carrero Blanco en el atentado perpetrado por ETA el 20/12/1973, le sucede, por decisión de la familia Franco, Carlos Arias Navarro, ya ministro de la Gobernación y antiguo director de la seguridad nacional: un viejo represor.
Carlos Arias no le gusta a nadie: tiene el hombre propósitos "aperturistas" que consisten en reformar las Leyes Fundamentales (la Constitución del Franquismo), cuyas holguras habrían de dar margen suficiente para la evolución, según expone en su discurso a las Cortes del 12 de febrero de 1974. Estas admirables inquietudes de Carlos Arias y de los "reformistas" del régimen no pueden gustar a los integristas del Franquismo, no ya al bueno de Franco que está en las últimas, sino a los jerarcas que no quieren conservar tampoco el status quo, sino incluso regresar a las esencias de los años cuarenta. Pero tampoco agrada el Gobierno de Arias Navarro a la oposición democrática, evidentemente puesto que no sólo no es democrático, sino que además, en su discurso del 24 de junio de 1975 el Presidente del Consejo de Ministros define una trinidad de principios inmutables:

1) exclusión radical del comunismo "en sus tendencias, grupos o manifestaciones", que incluye a cualquier grupo con connotaciones obreras reivindicativas. Quedan pues excluidas de la posibilidad de legalización un gran número de organizaciones ya sea políticas o sindicales.
2) La afirmación de la unidad nacional, que deja fuera de discusión cualquier reivindicación nacionalista y cualquier proyecto autonómico.
3) El reconocimiento de la forma monárquica del Estado.

Franco ha abandonado en 1972 la Presidencia del Consejo de Ministros, que siempre ha sido su "Parlamento de bolsillo": tenían los ministros una función de meros consejeros del dictador, puesto que jamás se adoptaba una decisión colectiva opuesta a una decisión del jefe supremo. En palabras de Diego López Garrido, "el Consejo de Ministros era un apéndice de Franco". En las etapas de Carrero Blanco y Arias Navarro, en las que Franco ya no preside el Consejo, éste sigue siendo el baluarte frente a tesis aperturistas que provienen de todos lados, incluso de pequeños segmentos del ejército.

Los últimos terribles coletazos.

    A pesar de su vejez, al dictador no le falta la fuerza de firmar (durante el café, según cuentan) las penas de muerte de cinco terroristas (dos de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico)), que son ejecutadas el 27 de septiembre de 1975. Ese episodio levanta una polvareda impresionante en toda Europa tanto antes como, sobre todo, después de las ejecuciones: miles de telegramas de protesta inundan los organismos oficiales mientras son asaltadas las Embajadas y Consulados de España. Agencias de viaje, oficinas de Iberia y banderas de España son incendiadas.
    El primer ministro de Holanda convoca al país a una manifestación de protesta, presidida por el gabinete en pleno, contra el Régimen español y hace un llamamiento para que ningún ciudadano de su país visite España.
    El Gobierno de Portugal no se hace responsable de la destrucción total, por indignados manifestantes, de la Embajada española en Lisboa. Miles de manifestantes gritan en contra del dictador español por las calles de las capitales europeas, los embajadores de los países de la CEE son llamados a consultas por sus respectivos Gobiernos y hasta se solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que vote la expulsión de España de los organismos internacionales.

Tampoco en la Santa Sede el recrudecimiento del Régimen pasa inadvertido: Pablo VI escribe tres cartas secretas al dictador, antes de las ejecuciones, pidiendo la gracia de los terroristas, pero no recibe contestación a ninguna de las tres, por lo que hace una alusión clarísima a este asunto después del Ángelus del domingo siguiente, cuando ya los terroristas han sido pasados por las armas. Tras las palabras públicas del Pontífice, Franco le escribe una carta llamándole Padre, manifestándose devoto hijo suyo y diciéndole que siente en el alma no haber podido acceder a su petición porque razones graves de orden interior se lo impedían. Cierto es que la extrema derecha se manifiesta en España a favor de la mano dura en los procedimientos contra los terroristas, y que la Guardia Civil protagoniza incidentes porque a su parecer no se juzga con la debida severidad a los presuntos culpables de haber matado a agentes de las Fuerzas de Orden Público. Pero ¿son éstas razones suficientes para que Franco desoiga las peticiones de indulto del mismísimo Papa? Nace la duda de que las cartas de Pablo VI no llegaron a manos del destinatario a tiempo, gracias a la mano, propone el Cardenal Tarancón en sus memorias, de Carlos Arias Navarro.

Este incidente diplomático con el Vaticano no impide que el Papa diga de Franco "que ha hecho mucho bien a España y le ha proporcionado un desarrollo extraordinario y una época larguísima de paz. Franco merece un final glorioso y un recuerdo lleno de gratitud". Sin comentarios.

Las protestas internacionales disgustan mucho en España y Carlos Arias encuentra la solución a dicha injerencia vejatoria: se dirije por televisión a los españoles, diciendo que "no sabemos qué nos produce más estupor: si la violencia vesánica de los agitadores..., o la culpable irresponsabilidad de los responsables de los Gobiernos y de los medios informativos que la secundan.(...) En esta noche, estoy con todos vosotros, españoles, para pedir renovéis vuestra ayuda al Gobierno con el ejemplo de vuestra unidad ante la innoble agresión exterior...". La careta aperturista que se había puesto el 12 de febrero de 1974 ya está guardada en el baúl de los olvidos de Carlos Arias, que es ahora el auténtico centinela de la ortodoxia franquista.
    Cuentan que Franco lloró viendo a su Primer Ministro convocar por televisión a sus ciudadanos a rendirle homenaje en ocasión del 39 aniversario de su "exaltación a la Jefatura de Estado", en la Plaza de Oriente de Madrid.Y acuden, según TVE, un millón de personas el 1 de octubre de 1975 a rendir homenaje a un Franco que sale al balcón del palacio con uniforme militar, gafas de sol, morbo de Párkinson y una voz débil que se oye decir por megafonía: "Españoles: Gracias por vuestra viril adhesión y por esta serena y digna manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las acciones de que han sido objeto nuestras representaciones... en Europa... Todo obedece a una conspiración masónica e izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto, al que se le pueda engañar... Evidentemente, el ser español vuelve hoy a ser una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España!"
    El General llora mientras entona el Cara al Sol, mientras que el Príncipe Juan Carlos permanece firme, sin levantar el brazo y en absoluto silencio y el Cardenal Primado de Toledo da la bendición apostólica al Caudillo, para el que éste será el último acto público al que asistía. Y son muchos los que piensan que en ese balcón contrae la flebitis que acabará con él cincuenta días después.
    El Gobierno de Carlos Arias Navarro es vitoreado y aclamado ahora en las calles por los mismos manifestantes que en numerosas ocasiones han pedido su dimisión por "aperturista".

La muerte

Franco muere a las 4.20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y es enterrado en el Valle de los Caídos. Juan Carlos Iº es su sucesor como el mismo Franco había decidido el 22 de julio de 1969, con base en la ley de sucesión de 1947, en la que se decía que "la jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde" (art. 2) y que a él le estaba reservado el derecho de designar al sucesor.

Algo nace

La coronación se lleva a cabo el 27 de noviembre en las Cortes, con asistencia de Jefes de Estado y de Gobierno que se han negado a asistir al entierro del General.
Y dice el nuevo monarca en su discurso: "Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España... Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno". Franco ya empieza a revolcarse en la tumba.

El primer problema que debe afrontar el Rey Juan Carlos, es decidir a quién colocar en las presidencias del Gobierno, del Consejo del Reino y de las Cortes. Decide finalmente mantener a Carlos Arias como Primer Ministro, siguiendo los consejos de la familia Franco, de los consejeros del Reino y del Cardenal Tarancón. Y con la ayuda de Arias Navarro consigue que su antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda, sea nombrado Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Es un catedrático de Derecho Político hábil e inteligente, tímido y brillante, pero antipático y distante, odiado por los franquistas, que ocupó interinamente la Presidencia del Gobierno tras la muerte del almirante Carrero Blanco, y que tiene estudiada la forma en que se puede producir la reforma del Régimen.
Carlos Arias remodela su gabinete el 12 de diciembre de 1975, dando entrada a ministros "reformistas" como Manuel Fraga, que es la verdadera cabeza visible del Gobierno. Oficialmente el programa es la reforma (la llamada reforma Arias/Fraga), pero la cosa no funciona: no cuenta con el apoyo de las fuerzas de la opsición democrática simplemente porque el Gobierno no cuenta con ellas para formular sus decisiones. Pero es que además, la fórmula innegociable de Fraga consiste en el bicameralismo, la composición oligárquica del Senado y una irresponsabilidad política de derecho del Gobierno ante las Cortes que, como en la Inglaterra georgiana, debería evolucionar en unos decenios hacia el parlamentarismo. El Rey intenta convencer a Arias de la conveniencia de acelerar el proceso, pero se encuentra con que el presidente contesta "Sí, Majestad", y no hace nada, e incluso hace lo contrario de lo que el Rey sugiere. El búnker, como son conocidos los leales a Franco, sigue teniendo mucho poder.

La destitución de Arias Navarro.

En junio de 1976, a Su Majestad no le queda más remedio que sustituir a Arias Navarro, pero eso no es fácil. Hay mucho escrito sobre la dimisión de Arias Navarro y sobre el nombramiento de su sucesor. Páginas emocionantes que aquí resumiré brevemente.
En esos días el Rey realiza su primera visita de Estado a los Estados Unidos. Allí provoca el aplauso general y entusiasta en un discurso ante senadores y congresistas en el que nada de lo que dice tiene que ver con lo que defiende su Primer Ministro en Madrid. Nada más volver a Madrid, su propósito es el de cesar a Arias Navarro, pero se encuentra con una situación espinosa: se entera de que es el estamento militar el que le va a enviar una carta pidiéndole la destitución de Arias, acusado de ser demasiado tolerante y por lo tanto débil: la proclamación del Rey da lugar a una amnistía que pone en la calle a unos pocos presos políticos (Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius...); las fuerzas democráticas, aún no legalizadas, impulsan toda una ola de huelgas y manifestaciones que al grito de "Amnistía y Libertad" ponen al Gobierno contra las cuerdas. Arias da la culpa de estos sucesos a los jueces, a la prensa, a la Iglesia y al "erotismo que lo invade todo" (sic), pero los militares quieren una respuesta contundente. Además Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, declara al The New York Times que "algún día tendrá que ser legalizado el Partido Comunista". Esto ya pasa de castaño oscuro.
Juan Carlos se da cuenta de que tiene que destituir a Arias con urgencia, antes de que le llegue la carta de los militares pidiéndole el cese: "Esto no puede seguir, so pena de perderlo todo... Yo tenía que tomar una decisión difícil pero la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos" le dice confidencialmente a José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, el 1 de julio, poco antes de recibir privadamente a Carlos Arias y decirle que agradece sus servicios a la patria y a la Corona, pero que los nuevos tiempos exigen nuevos políticos. Dicho y hecho: Arias, cuentan que sorprendido, dimite allí mismo.
Parece ser que Juan Carlos ya sabe a estas alturas a quién quiere como sucesor de Arias, pero necesita que el Consejo del Reino le dé ese nombre en una terna, sobre cuya base él habrá de decidir. El sábado 3 de julio Torcuato Fernández Miranda sale de la última reunión pronunciando la célebre frase: "Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido".

Adolfo Suárez, un anónimo funcionario franquista con pinta de jefe de planta de El Corte Inglés, ministro en el gabiente de Arias, espera impaciente la llamada de Su Majestad desde mediodía de ese mismo sábado: las voces de Palacio y algunas alusiones de Su Majestad le dan como candidato a sustituir a Arias Navarro. Así es que cuando poco después de las cinco de la tarde suena el teléfono y el Rey le dice: "Adolfo, ¿qué haces? ¿Quieres venir a tomar café?", él acepta, con serenidad viste un traje azul oscuro y conduce su Seat 127 hasta la Zarzuela, residencia del Rey, el cual le recibe al instante y pronuncia otra célebre frase:
—Adolfo, te quiero pedir un favor. Acepta la Presidencia del Gobierno—.
—Ya era hora— contesta Suárez.

"Ya era hora" porque hacía meses que corrían voces sobre Suárez presidente y porque Arias era un cadáver político desde hacía mucho tiempo. Durante toda su presidencia tuvo en su despacho un gigantesco retrato de Franco, que era su punto de referencia más firme y al que citaba en sus discursos más que al Rey. Quizás quisiera reformar el régimen, pero permaneció atormentado por las dudas entre sus fidelidades y su ignorancia de cómo hacerlo. Amaba hablar en privado del Rey llamándole "el niño", y decir que no lo soportaba durante más de diez minutos.

El Gobierno Suárez, que jura su cargo ante el Rey el lunes 5 de julio, no es bien recibido por nadie, ni por el búnker ni por la oposición democrática, ni por los "reformistas": ni Fraga ni Areilza quieren seguir en el Gobierno, que es conocido como el Gobierno de los penenes (siglas de la denominación Profesores No Numerarios), que quiere significar que Suárez se ha visto obligado a buscar a personalidades menores para componer el ejecutivo.

Tras un paquete de medidas económicas tomado en agosto, en el que se suprime el impuesto de plusvalías de origen bursátil, que recibe escasa atención por su "carácter veraniego" y que no impide que la Bolsa siga bajando, en septiembre el nuevo Gobierno da a la luz su proyecto de reforma política: se irá a "...las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores". Dicho proyecto debe ser aprobado por los dos tercios de las mismas Cortes y luego refrendado por los españoles. El primer paso es tremendamente difícil: ¿cómo van a votar a favor de la democracia los procuradores de las Cortes franquistas? ¿Cómo van a votar a favor de su propia desaparición?

El harakiri.

El 18 de noviembre ocurre la magia, el milagro: más de los dos tercios necesarios de las Cortes franquistas votan a favor del proyecto de ley, firmando pues su misma acta de defunción. No queremos ni pensar en las promesas que convencieron a los jerarcas franquistas: la magia tuvo seguramente algún truco.
A este episodio se le da el nombre de el harakiri.
El 15 de diciembre de 1976 se celebra el referéndum, en el que el 94% de los votantes dice sí al proyecto de reforma política, en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936. Libres en el sentido de que no cabe duda de la veracidad del resultado, al contrario de lo que pasó con los dos referendos del régimen franquista. Sin embargo cabe destacar que no es un plebiscito democrático por la simple razón que las fuerzas de la oposición todavía no están legalizadas, por lo que sólo hay campaña institucional a favor de la participación al voto (Habla, pueblo, habla) y por el sí, y llamamientos a la abstención de las fuerzas de la oposición, no legales pero toleradas. Circula durante dicha campaña esta explicación de Miguel Herrero de Miñón, funcionario entonces del Ministerio de Justicia: "no es, sin duda, un referéndum democrático, puesto que no existen las libertades propias de la democracia; pero es un referéndum para establecer la democracia y las libertades que le son propias". De todas formas qué duda cabe de que es un referéndum viciado, puesto que pregunta algo así como: "¿Quieren ustedes la libertad o no?", sin consultarle a nadie de qué forma se va a dar esa libertad y dando a entender que el proceso va a consistir en renovar las leyes del franquismo para que todo quede redondo, para que no haya discontinuidades. Por lo tanto las fuerzas democráticas que, inevitablemente, están a favor de la ruptura, es decir de hacer borrón y cuenta nueva, replantear todo el sistema, no pueden aprobar el referéndum. La abstención alcanza el 23% del censo electoral, pero los que se abstienen rezan porque gane el sí, porque ¿y si hubiese ganado el no? ¿Se hubiese ido todo el proceso al traste? Mejor no pensarlo.

Los meses más difíciles

Se trata ahora de volver a las urnas para elegir un Congreso y un Senado cuya misión será constituyente. Pero las dificultades antes de llegar al momento de esas elecciones serán muchas. Hay quien dice que los seis meses que transcurrieron entre el 15 de diciembre de 1976 hasta el 15 de junio de 1977 en que se realizaron dichas elecciones, fueron los más difíciles de la transición política. De hecho, la conflictividad laboral y social, el terrorismo, la legalización de los partidos, los nacionalismos, la situación económica que va empeorando día a día... Todas estas cuestiones, entrelazadas y juntas, quieren una respuesta rápida y el Gobierno no puede dar una alegría a unos pocos sin echarse encima las críticas de muchos más. Por un lado hay unas fuerzas democráticas que, puesto que son toleradas, se sienten en derecho de hacer reivindicaciones, mítines, reuniones y manifestaciones (y es que estos demócratas, especialmente los de izquierdas, son como la misma peste); por otro, la extrema derecha, los nostálgicos, tienen todavía mucha relevancia. Y no sólo por el número de simpatizantes, sino por quiénes los controlan: parte del búnker (Blas Piñar, Silva Muñoz), amplios segmentos del ejército y a saber qué sectores financieros.

Santiago Carrillo, secretario general del PCE, regresa del exilio en febrero de 1976 y vive en España clandestinamente, puesto que todavía en agosto del mismo año, siendo ya presidente Suárez, se le niega el pasaporte español. A pesar de estar escondido, mantiene contactos con las demás fuerzas democráticas y se deja ver siempre más por las calles de Madrid, con el fin de forzar un reconocimiento del PCE, cuando todavía ninguna fuerza democrática ha sido legalizada. Ante dichos atrevimientos el Gobierno no puede no querer demostrar su autoridad y su eficacia represora, y la policía lo detiene y lo tiene recluido durante una semana en los últimos días de diciembre de 1976, sometiéndolo a vejaciones en comisaría.
    No contenta con esto, la extrema derecha pasa a la acción: el 24 de enero de 1977 se produce la Matanza de Atocha en que resultan muertos siete abogados laboralistas del PCE. Es un episodio que provoca muestras de solidaridad y que permite que el PCE demuestre que es capaz de controlar a sus seguidores: la respuesta de masas al asesinato de los abogados comunistas es impresionante por la demostración de fuerza y serenidad. Se da la paradoja que la policía tiene que proteger a los miembros de un partido que no está legalizado, mientras que los agentes que detendrán luego a los responsables de la matanza se negarán a cobrar la recompensa a la que tienen derecho.
    La Matanza de Atocha es quizás el más grave de una serie de acontecimientos violentos, que ponen en grave peligro el camino hacia la reforma: tanto ETA como el GRAPO como, por ejemplo, el MPAIAC (Movimiento para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario) dieron guerra en aquellos meses. En el momento de iniciarse la transición la totalidad de los nacionalistas vascos se niega a emplear el término terrorismo para designar a ETA, a pesar de que la misma mata a 26 personas en 1975, 21 en 1976 y 28 en 1977, pasando luego a cifras mucho más altas (85 en 1978, 118 en 1979 y 124 en 1980). Por lo que respecta al GRAPO, un grupo maoísta de ciega violencia, lleva a cabo dos secuestros en diciembre de 1976 que acaban con la liberación de los rehenes por parte de la policía en febrero de 1977.
    En medio de este caos, en febrero de 1977 desaparecen los requisitos más restrictivos para la legalización de los partidos, así es que todos menos el PCE consiguen la legalidad. En ese mismo mes Suárez se reúne secretamente con Carrillo y charlan durante seis horas. Es significativo que el día después de dicho encuentro, el Gobierno Civil de Madrid prohiba un acto que los comunistas pretenden convocar ocultándose tras una denominación inocua; y es que a estos comunistas hay que tratarlos con el bastón y la zanahoria.
    Cuenta Carrillo que en su encuentro con Suárez nadie le pone condiciones a nadie sobre nada, a saber: ni Suárez pide que los comunistas rebajen el tono de sus reivindicaciones ni Carrillo pretende que el Monarca salga corriendo del país para instaurar una República de la que él será Presidente.
Cuenta Carrillo que Suárez le pide sin mucho entusiasmo, sólo para cubrir el expediente, que los comunistas se presenten como independientes a las próximas elecciones, y esto para poder evitar la legalización del PCE.
Cuenta Carrillo que él se niega, como se niega a anular el próximo viaje de Berlinguer y Marchais, secretarios generales de los partidos comunistas respectivamente italiano y francés, a Madrid donde se va a celebrar la "Conferencia Eurocomunista".
Cuenta Carrillo que la reivindicación republicana él ya la tiene aparcada y en vías de olvido.
    Fueran como fueran los términos de la conversación, lo cierto es que el 9 de abril de 1977, el Sábado Santo Rojo, el Gobierno decide la desaparición del Movimiento, el partido único franquista, y legaliza al Partido Comunista de España y, dos días después al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), causando la dimisión instantánea del Almirante Pita de Veiga, Ministro de la Marina, y el gruñir del Ejército al completo. Franco se revuelve en el Valle de los Caídos, Fraga juzga lo sucedido de "verdadero golpe de Estado", pero la población está de acuerdo en un 45% y en contra en un 17%.
También instantáneamente, en los mítines del PCE deja de ondear la bandera republicana y Carrillo dice: "Los que silban no saben que no hay color morado que valga una nueva guerra civil entre los españoles". La reivindicación republicana no volverá a la boca de un dirigente del PCE hasta bien entrada la etapa Anguita.
El 17 de marzo Suárez ha promulgado el decreto de amnistía para los presos políticos, el 28 de abril se legalizan los sindicatos y, finalmente, el 13 de mayo llega de la URSS Dolores Ibarruri, la Pasionaria, presidenta del PCE.
Las elecciones del 15 de junio van a ser del todo democráticas, aunque qué duda cabe de que muy poco tiempo se ha dejado al PCE y a los demás partidos democráticos para organizarse en la legalidad.

LA TRANSICIÓN

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Dos dimisiones

Vale la pena recordar dos episodios que preceden las elecciones del 15 de junio de 1977.
Torcuato Fernández Miranda, que ha sido preceptor de Juan Carlos de Borbón, a la muerte del dictador ha rechazado la oferta del Rey para ser Presidente del Gobierno porque ha considerado que su papel está en las Presidencias de las Cortes y del Consejo del Reino.
Durante la campaña electoral de 1977 dimite de estos cargos, en silencio, de espaldas a Su Majestad y contra la opinión de Adolfo Suárez.
Don Torcuato se ha sorprendido mucho al ver que Suárez no es un fantoche suyo y de quienes han hecho de Juan Carlos el sucesor de Franco, sino que tiene una política propia y se dedica a pactar con Felipe González y Santiago Carrillo. Y a Fernández Miranda le disgusta también que el Rey esté tan contento con este papel de Adolfo Suárez y no le escuche más a él para reformar el sistema.
Su plan para la transición era la creación de un sistema en el que se alternaran en el Gobierno de la Nación dos partidos, el socialdemócrata PSOE (h) (PSOE histórico) de Rodolfo Llopis, anticomunista, y un partido de centro-derecha que frene a los ultras. Esto es lo que explica Sabino Fernández Campos en sus memorias.
Por estas razones probablemente, Fernández Miranda presenta sus dimisiones y en su futuro caben el título de duque, el Toisón de Oro, una butaca como senador por designación real y mucha amargura.

¿Por qué Franco ha nombrado precisamente a Juan Carlos de Borbón su sucesor? ¿Qué le ha parecido este nombramiento a don Juan, el legítimo sucesor de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos?

Éstas son preguntas a las que los historiadores no han dado contestaciones definitivas. El único hecho que podemos recordar es que el 14 de mayo de 1977 don Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, en un acto muy pasado por agua, en el Palacio de la Zarzuela ante la Familia Real, una representación de los medios de comunicación y el Notario Mayor del Reino, Landelino Lavilla. Es un acto que contribuye a dar legitimidad histórica a la transición.
Éste es un estracto del discurso de don Juan:

«Instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada [...] creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la Monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la Familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, don Juan Carlos I.
»Majestad, por España. Todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!»

Veamos de izquierda a derecha los principales partidos que se presentan a las elecciones.

TODOS LOS PARTIDOS

Veamos de izquierda a derecha los principales partidos que se presentan a las elecciones.

Comunistas

El Partido Comunista de España (PCE) ha sido identificado durante todo el régimen franquista con la oposición, porque así lo ha querido el propio sistema y así lo ha digerido la mayoría de la población.
A diferencia del PSOE, el PCE no ha renovado su dirección política, encabezada por Pasionaria en la presidencia y Santiago Carrillo en la secretaría general. Dichos personajes han sido, durante el régimen, míticos para los militantes clandestinos, que sufren una ligera decepción cuando los ven llegar del exilio y descubren que están hechos de carne y hueso. Pero, sobre todo, durante la campaña electoral, a Carrillo le falta el gancho necesario para conectar con los jóvenes y con el nuevo electorado potencial. La falta de gancho se manifiesta en un lenguaje relativamente moderado, como ya hemos visto, que si bien ayuda sin duda al desarrollo pacífico de la democracia, deja al PCE con sólo 20 escaños en las nuevas Cortes.

Según un estudio publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones, el PCE se gasta 150 millones de pesetas en la campaña electoral, y recupera sucesivamente, gracias a la subvención estatal por los resultados obtenidos, 44 millones. Quien financia con créditos es la banca, como sucede con los demás partidos, y concretamente el Banco de Bilbao, presidido por José Ángel Sánchez Asiaín: esta noticia filtra a través de Europa Press y provoca tensiones en el consejo de administración del banco, cinco de cuyas sucursales sufren atentados con bomba simultáneamente en la noche del 18 de mayo de 1977, según recuerda Augusto Delkáder en su artículo de Memoria de la transición.

A la izquierda del PCE se sitúa un mosaico de fuerzas (PTE, ORT, LCR, MC) que intenta absorber el voto de quienes no aprecian el sentido de moderación que reina en el PCE y en Comisiones Obreras, el sindicato comunista, cuyo secretario general no apoya la huelga general organizada para el 16 de mayo de 1977 en Euskadi porque «en el momento actual, cuando las libertades son todavía frágiles, creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar y desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar es contraria a la clase obrera.»
Las fuerzas de extrema izquierda se quedarán sin representación en las nuevas Cortes.

Socialistas

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es el que va a recoger el masivo voto de izquierdas. Tras la muerte de Franco consigue dar una imagen de juventud, de dinamismo, de capacidad de organización, de aceptación internacional, que hace que la mayoría de la población acabe identificándolo con la oposición al régimen. Del 5 al 7 de diciembre de 1976, antes de la legalización, el PSOE organiza su primer congreso tras la muerte del dictador, el primero en España tras 32 años, el XXVII Congreso del partido, reuniendo en Madrid a personajes de la talla de Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, Olof Palme, Primer Ministro de Suecia, Bruno Kreisky, Primer Ministro de Austria, Anker Joergeson, Primer Ministro de Dinamarca, el aplaudidísimo líder socialista chileno Carlos Altamirano, el italiano Pietro Nenni. Todos ellos han llegado para legitimar como secretario general de los socialistas españoles a Felipe González, que encabeza el partido junto a Alfonso Guerra desde el anterior Congreso de Suresnes, en el que la vieja guardia de Ramón Llopis les ha cedido el paso, no sin algún trauma.
La retórica utilizada en el 27º Congreso es extraordinaria:

Altamirano propone unir los esfuerzos de comunistas y socialistas para construir un bloque anticapitalista de clase,
se usan positivamente palabras como marxismo y República,
se rechaza cualquier posible acomodo con el capitalismo,
se renueva la voluntad de mantener una escuela pública única,
se propone administrar la justicia mediante tribunales populares elegidos por los ciudadanos,
se quiere implantar en España un modelo nuevo no implantado en ningún país.

Todo esto euforiza a los militantes, mientras que, de cara al electorado, el lenguaje es extremadamente más moderado y consigue concentrar votos. Además, el PSOE logra reunir bajo sus siglas a Convergencia Socialista, de procedencia católica, y a otras agrupaciones socialistas, como por ejemplo a los catalanes del PSC, que durante el franquismo han llevado una vida prácticamente autónoma. Felipe González no conecta en cambio con el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, teóricamente más radical, pero que atrae en la práctica un voto más intelectual, diríamos que azañista, y obtiene 6 escaños en las elecciones.
La simpatía y el carisma de Felipe González junto al populismo de Alfonso Guerra, son en buena parte los responsables de que el PSOE pase del 10% que le vaticinan las encuestas antes de la campaña electoral al 29% (118 escaños) que consigue el 15 de junio.

Centristas

La Unión de Centro Democrático (UCD) es un invento de Adolfo Suárez para sacarle provecho a su imagen en las elecciones. Como alguien ha escrito, "Suárez coaliga partidos y partidetes, en su mayoría compuestos por amigos y amiguetes, plenamente consciente de que todos los militantes de aquella gran coalición caben en un taxi; eso sí, en un taxi antiguo". Helos aquí: Partido Demócrata Cristiano (Álvarez de Miranda), Partido Socialdemócrata (Fernández Ordóñez), Unión Socialdemócrata (Eurico de la Peña), Partido Socialdemócrata Independiente (Gonzalo Casado), Federación Socialdemócrata (José Ramón Lasuén), Partido Popular (Pío Cabanillas), Federación de Partidos Demócratas y Liberales (Joaquín Garrigues Walker), Partido Demócrata Popular (Ignacio Camuñas), Partido Progresista Liberal (Juan García Madariaga), Partido Liberal (Enrique Larroque), Partido Social Liberal Andaluz (Manuel Clavero), Partido Gallego Independiente (José Luis Melián), Acción Regional Extremeña (Enrique Sánchez de León), Acción Canaria (Lorenzo Olarte), Unión Demócrata de Murcia (Pedro Pérez Crespo). "A buena parte de estos líderes no los conocían ni en su casa y su militancia probablemente excediera las previsibles dimensiones de un taxi, pero no las de un microbús". Más concretamente, la UCD es un intento de llevar a las urnas los propósitos del grupo Tácito, que nace durante los últimos coletazos del dictador y está formado por moderados del régimen. En noviembre de 1976 nace el Partido Popular que aglutina a personalidades muy diversas entre las que destacan José María de Areilza y Pío Cabanillas, ambos ex altos funcionarios franquistas y en este momento ministros del gabinete de Adolfo Suárez. El congreso del Partido Popular celebrado en Madrid en febrero de 1977, tiene una envergadura notable, comparable a la del congreso del PSOE de diciembre anterior. El Partido Popular es el mayor de una coalición llamada Centro Democrático, de la que Suárez consigue desplazar a Areilza. ¿Por qué? Areilza es un buen orador que puede, aunque muy pálidamente, hacer sombra al actual Primer Ministro, y además no es hombre del todo moderado. De hecho acaba en las filas de Alianza Popular, el partido de derechas por excelencia. Finalmente desembarca en la coalición para dirigirla otro ministro de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, del que seguidamente habrá que hablar con más detenimiento. Calvo Sotelo adopta la denominación definitiva del partido añadiendo el término Unión.
De los candidatos a las elecciones de la UCD un 36% es independiente —léase colaboradores moderados del franquismo—; del resto, un 17% procede del Partido Popular y un 12% de los demócratas cristianos. De los 165 diputados que la UCD obtiene en las urnas (34% de los votos), un 17,5% han sido procuradores de las Cortes franquistas.

De los partidos de centro que no figuran en el taxi de la UCD destaca la Democracia Cristiana (DC), que mirando a Italia está convencida de que va a arrasar en las elecciones. Por varias razones, entre las cuales quizá la principal sea que España no es Italia, la DC apenas consigue unos pocos senadores en colaboración con otras fuerzas de izquierda.

La derecha

A la derecha encontramos a Alianza Popular (AP), el partido en el que Manuel Fraga Iribarne, brillante alto funcionario del régimen anterior, reúne a todos sus amiguetes ex franquistas convencidos: Gonzalo Fernández de la Mora, Cruz Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Enrique Thomas de Carranza.
La violencia verbal de Fraga hace que la escasez de su credibilidad democrática llegue hasta lo más hondo del subconsciente de la ciudadanía, que le concede apenas 16 escaños, 4 menos que al PCE, dejando a todos boquiabiertos. «Creemos en la democracia, pero en la democracia con orden, con ley y con autoridad» dice Fraga el día en que presenta públicamente a AP, en septiembre de 1976. Se incorporan más tarde nombres de prestigio indudable como Carlos Arias Navarro o José María de Areilza, el búnker en fin de cuentas.

Numerosos candidatos de Alianza Popular son consejeros de importantes entidades financieras españolas, por lo que el partido consigue gastar, según un estudio publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones, 538 millones de pesetas, aunque las malas lenguas sitúan esa cifra por encima de los dos mil millones. La subvención estatal posterior le otorga por los resultados obtenidos sólo 55 millones.

Otros amiguetes ponen su granito de arena en el fracaso electoral de AP.
El general Alfonso Armada es el secretario de la Casa del Rey y pide el voto para Alianza Popular a través de cartas firmadas de su puño y con membrete de la Casa Real. A este episodio le sigue otro estremecedor: durante una reunión en presencia del Rey y Suárez, Armada critica abiertamente la legalización del PCE. El Presidente del Gobierno, por difícil que sea imaginarlo, le manda cuadrarse.
Alfonso Armada dimite de su cargo en Zarzuela, todavía estando en curso la campaña electoral, oficialmente para seguir su carrera militar.

La extrema derecha está integrada por Fuerza Nueva (FN) de Blas Piñar, y Falange Española de las JONS. Estos dos partidos, que no obtienen representación parlamentaria, recomiendan votar a AP en aquellas provincias en las que no presentan candidaturas.

Los nacionalismos

Un capítulo aparte merecen dos partidos que figuran con numerosos escaños en las nuevas Cortes: el PDC y el PNV. Son los partidos nacionalistas respectivamente catalán y vasco, y su existencia es tan natural para un español como incomprensible para quien no conozca a fondo la realidad española.
Teniendo una historia, una lengua, y sobre todo una realidad económica diferentes de las del resto de España, Cataluña y el País Vasco son tradicionalmente zonas del país en las que hay un fermento nacionalista. Son las regiones con más alta concentración de actividad económica, donde la clase obrera es más numerosa y, por lo tanto, donde la oposición contra el régimen franquista ha sido siempre más activa.

Cataluña

En Cataluña son dos las brancas a las que el nacionalismo ha dado origen durante el siglo XX:

una radical, que aboga por la independencia de Cataluña del resto de España y representada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido tradicionalmente de izquierdas a través del que Francesc Macià y Lluis Companys dieron vida durante la Segunda República Española a la Generalitat de Catalunya, el gobierno autónomo que se apoyaba en un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes de Madrid en 1932.
La otra rama es la representada a principio de siglo por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y que defiende los intereses de la industriosa y rica burguesía catalana. Esta segunda vía no tiene tanto éxito durante la Segunda República, mientras que se relanza durante los años 70 a través del Pacte Democràtic per Catalunya (PDC), del que el núcleo principal es la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Jordi Pujol, un hombre siempre más carismático desde 1976 hasta la actualidad.

Jordi Pujol nace en 1930 y funda durante el franquismo, junto a su padre, la Banca Catalana, con la que tiene poder de financiación de parte de la industria catalana y de alimentación de la especulación territorial en los años de gran inmigración. Controla además el Fútbol Club Barcelona, un símbolo de la identidad catalana frente al centralismo representado por el Real Madrid, y participa en actos contraculturales catalanistas a finales de los años 50, cuando el régimen es más duro. A raíz de uno de estos actos es detenido y torturado por la policía franquista en mayo de 1960 y permanece en prisión durante dos años y medio. Este episodio le ha dado siempre un salvaconducto de hombre de las libertades de un pueblo reprimido, y a pesar de su talante conservador y de los intereses que defiende, hoy en día hablar mal de Pujol en Cataluña, incluso con los sectores más progresistas de la izquierda, es como insultar al padre de todos los catalanes. La identificación por parte tanto de todos los españoles como, inconscientemente, de los catalanes, de este hombre con la entera población de Cataluña es singular.

En 1976 los principales partidos políticos catalanes son, a la izquierda, el Partit dels Socialistes Unificat de Catalunya (PSUC), de orientación comunista y que se asocia, para las elecciones de 1977, al PCE, el Partit Socialista de Catalunya (PSC) de Joan Raventòs, socialista, que se asocia al PSOE, y ERC liderada por Heribert Barrera; a la derecha están el partido de Pujol y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), con origen en los años de la República y liderado ahora por Anton Canyelles. Éstos y otros de menor representatividad electoral están reunidos en la Assemblea de Catalunya desde 1971 y la exigencia de todos es el reconocimiento por parte de la nueva Monarquía de la Generalitat abolida por Franco en 1939 y mantenida en vida en el exilio por Josep Tarradellas. Éste, hombre anciano y que está empezando a afrontar en Francia serias dificultades económicas, no quiere que nadie negocie en Madrid su vuelta del exilio. Pujol sin embargo desobedece estas recomendaciones y se suma a las conversaciones que el Gobierno Suárez mantiene con la oposición todavía oficiosa.
Es aquí donde empieza a crecer la estatura (política) de Pujol, que ha acabado por ser tan alto que todos hablan de él, en los años 90, como de un gran estadista. Sin duda ha sabido imponer en la vida política española las exigencias de la burguesía catalana. En este sentido, sus coaliciones electorales (PDC en 1977 y sucesivamente Convergència i Unió (CIU)), son concentraciones de lobbies, desde la de la patronal, hasta las del potente gremio de pasteleros o la de la asociación de excursionistas.

Euskadi

En el País Vasco, al que durante el franquismo se llama Vascongadas, la Segunda República ha dado vida a un Gobierno autónomo muy poco antes del inicio de la Guerra Civil. El partido nacionalista más representativo era entonces el Partido Nacionalista Vasco (PNV), de origen burguesa, que ha mantenido un gobierno en el exilio y ha tratado, tras el final de la IIª Guerra Mundial, de hacer escuchar sus razones en los USA y ante las Naciones Unidas, sin que éstas hayan hecho nada para devolver a España su Gobierno legítimo. La actividad política ante los foros internacionales contrasta con el estancamiento de la lucha de las cabezas visibles del PNV en el País Vasco, y quizás sea esta la razón por la que un grupo de jóvenes pertenecientes al partido se desgaja en 1958 y crea la Euskadi eta Askatasuna (ETA), un grupo político cuyos principios son "el independentismo innegociable, las posiciones radicales en la estrategia política, los contenidos de un socialismo humanista o el recurso a las armas si fuera preciso para expulsar al invasor, unidos al deseo de hacer tabula rasa de toda la inoperancia y el colaboracionismo anteriores". "ETA gustaba proclamarse antiespañola y no antifranquista solamente... ETA creía que la desaparición del franquismo con la implantación de algún tipo de democracia, no iba a traer sin más la libertad de Euskal Herria".
Las acciones violentas de ETA empiezan con algaradas callejeras que acaban con numerosas detenciones y se hacen cada vez más visibles a partir de su Vª Asamblea (1967), inmediatamente seguida por el asesinato del exponente policial Melitón Manzanas, conocido como el torturador de Irún. Si durante los últimos años del franquismo los asesinatos de ETA son vistos por el resto de partidos políticos con presencia en el País Vasco y en el resto de España si no con benevolencia al menos sin decidido rechazo, a partir de la muerte del dictador empiezan a ser unánimemente condenados como obstáculos a la transición democrática.
Las perspectivas abiertas por la muerte del dictador llevan a la separación de ETA en ETA político militar (los poli-milis, ETA-pm) y ETA militar (ETA-m), siendo la primera propensa a acompañar la lucha armada con una acción política constructiva, mientras que la segunda prefiere inventarse una guerra contra el resto de España, guerra a la que seguirá criminalmente jugando durante muchos años.
Ante las elecciones de 1977, una parte de ETA-pm abandona la lucha armada y entra a formar parte del partido de izquierdas Euskadiko Ezkerra (EE), que obtiene un escaño, mientras el resto de la organización queda como brazo armado del partido. La distancia entre ETA-pm y EE se va ensanchando, la primera pierde fuerza y acaba por disolverse en septiembre de 1982. Mientras tanto ETA militar asesina sin criterio a periodistas afines, simpatizantes del PNV, militares, políticos, niños, amas de casa, pero eso sí, se enorgullece de ser ahora "la única ETA", apoyada a partir de 1978 por Herri Batasuna (HB), que es su brazo político.
El PNV por otro lado vuelve a recoger el voto nacionalista moderado, como el PDC en Cataluña.

Resultados de las elecciones

Las elecciones las gana la UCD por mayoría relativa, y las urnas arrojan varias sorpresas: el PSOE arrasa y le quita muchos votos de izquierda al PCE, mientras que AP, que ha hecho una larga y carísima campaña electoral, obtiene unos resultados muy modestos. Los resultados electorales se hacen esperar varios días simplemente por la inexperiencia en el escrutinio de los votos.
El 4 de julio de 1977 Adolfo Suárez jura nuevamente ante el Rey el cargo de Presidente del Gobierno, junto a sus nuevos ministros. En la fórmula de juramento por primera vez no se hace referencia al Movimiento, ni el notario mayor del Reino, Landelino Lavilla, responde eso de "Si así hacéis, que Dios os lo premie; y si no, que os lo demande".

El nuevo gabinete, el tercero de la Monarquía, y el primero legítimo democráticamente después del del Frente Popular del 16 de febrero de 1936, es expresión de las diversas componentes de UCD. Hay un solo militar: el teniente general Gutiérrez Mellado, persona de talante moderado, sin duda de origen franquista pero actualmente un demócrata seguro, que recibe el cargo de Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa. Las otras dos vicepresidencias van respectivamente a Enrique Fuentes Quintana (economía) y a Fernando Abril Martorell (asuntos políticos), ambos altos funcionarios en tiempos de Franco y ahora políticamente independientes, sin duda moderados y senadores designados por el Rey. Otros ministros son Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda), socialdemócrata asimilado a UCD que tendrá una impresionante carrera política, Alberto Oliart (Industria y Energía), independiente, muy estimado por el Rey como se verá más tarde, Joaquín Garrigues Walker (Obras Públicas), empresario liberal integrado a la UCD y Landelino Lavilla (Justicia), ya ministro en el anterior Gobierno y por lo tanto senador por designación del Rey.
Son dos los objetivos principales de las Cortes recién elegidas: dar una solución a la dramática situación económica y social del país y elaborar una Constitución que formalice la renovada situación democrática.

La economía. Los Pactos de la Moncloa

En 1977 la situación económica es explosiva:

en un país en el que el 66% de la energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 ha pasado desapercibida, es decir los últimos gobiernos de Franco no han tomado ninguna medida frente al barril de petróleo que pasa en doce meses de 1,63 a 14 dólares.
Las exportaciones cubren el 45% de las importaciones, el país carece de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores,
acumulanso entre 1973 y 1977 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representa un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España.
La inflación está a niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasa a mediados de 1977 al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE.
Las empresas tienen deudas de centenares de miles de millones de pesetas lo cual contribuye a que
el paro empiece su largo crecimiento: ya se sitúa en 900.000 personas de las cuales sólo 300.000 reciben subsidio de desempleo y seguirá subiendo hasta los actuales (1998) 2.000.000 de parados.

Entre las fuerzas políticas es unánime la preocupación por esta situación y el Gobierno siente la necesidad de elaborar una solución que ponga de acuerdo a todo el arco parlamentario, es decir aplicar en este sentido una "política de concentración". No hay que olvidar que desde octubre de 1973, cuando la recesión empieza a evidenciarse, son ocho los "paquetes de medidas económicas" publicados. El noveno tiene que funcionar y es Enrique Fuentes Quintana quien redacta el documento base, haciendo suya una declaración de un político republicano de 1932: «O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia».
Durante el mes de agosto el Gobierno se reúne con los sindicatos para convencerlos de la necesidad de la moderación salarial para acabar con la inflación, en septiembre Fuentes Quintana discute con el resto del Gobierno su documento base y en octubre se redacta el texto final con los demás partidos políticos: en el fin de semana del 8 y 9 se lleva a cabo un "resumen de trabajo", como lo llama Felipe González para no darle excesiva importancia, durante los días siguientes se desarrolla ese resumen en comisiones especializadas y el día 25 de ese mes firman los Pactos de la Moncloa los representantes de los principales partidos políticos, incluidos Santiago Carrillo y Manuel Fraga, aunque éste no subscribe, lógicamente, el pacto sobre cuestiones jurídicas y políticas:

derecho de reunión y asociación,
reforma del Código Penal,
reorganización de las fuerzas de orden público.

Los pactos son aprobados por el Parlamento el día 27 y su contenido se divide en medidas urgentes (contra la inflación y el desequilibrio exterior) y reformas necesarias a medio plazo para repartir los costes de la crisis, porque no sería bonito que pagasen sólo los que han estado robando durante 40 años.

Las medidas de saneamiento a corto plazo son:

una política monetaria que frene la expansión de la masa monetaria,
una política presupuestaria que reduzca el déficit público,
la fijación de un cambio de la peseta realista que reduzca la deuda exterior, y la
obligación de incrementar los salarios en base a la inflación prevista y no a la pasada, con el objetivo de que los salarios no aumenten más de un 22% como promedio en 1978 respecto a 1977: se pide pues a los trabajadores que no mejoren su nivel de vida durante ese año.
Contra el paro se presentan una serie de normas que permiten la contratación temporal, sobre todo de jóvenes que no han accedido nunca a un puesto de trabajo.

Las reformas a estudiar son:

la fiscal y la de la administración tributaria para que todos los ciudadanos paguen sus impuestos (en esos años muy poca gente lo hace, mientras que tras la etapa socialista, en los años 90, España es sin duda uno de los países donde más difícil es evadir),
la aplicación de un control real a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro,
la reforma en sentido flexibilizador del mercado laboral: en tiempos de Franco el despido era prácticamente imposible.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa son positivos en algunos sentidos y menos en otros: la inflación acaba el año en el 26,4% contra las previsiones del 80% y cerrará 1978 en el 16%, las reservas de divisas duplican y las cuentas de las empresas empiezan a mejorar y emprenden el camino hacia los beneficios. Las reformas a corto plazo sin embargo no se empiezan a discutir, según algunas fuentes a causa de la frivolidad de los ministros económicos Garrigues Walker, Oliart, Jiménez de Parga y Sánchez de León. En la remodelación de Gobierno de febrero de 1978 ya no está, porque ha dimitido, Enrique Fuentes Quintana, que se encuentra muy incómodo ante dicha frivolidad y que hace casus belli del conflicto con el Ministro de Industria Alberto Oliart, que se niega a la nacionalización de las líneas de alta tensión, cuya mala organización encarece mucho la energía eléctrica.
Oliart defiende así los intereses del conjunto de empresas eléctricas, UNESA.

La Constitución: historia

Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no son formalmente Constituyentes, pero a nadie se le escapa la necesidad de dar vida pronto a un nuevo texto constitucional, puesto que, por ejemplo y paradójicamente, se inaugura la Legislatura sin que nadie pueda exigir la responabilidad del Gobierno ante el Parlamento, aunque se aprobará una disposición en este sentido en noviembre de 1977, un año antes de la entrada en vigor de la Constitución.
Sobre su construcción se ha escrito mucho.

Empieza reuniéndose una ponencia formada por siete miembros que entre agosto y diciembre de 1977 elabora un anteproyecto que entrega el 5 de enero de 1978 a los grupos parlamentarios.
Éstos presentan sus enmiendas y la ponencia las examina hasta que entrega el trabajo así realizado el 17 de abril de 1978 a
una Comisión del Congreso, que lo debate hasta el 20 de junio.
Siguen los debates en el Pleno del Congreso del 1 al 24 de julio, en el Senado y en la Comisión Mixta, que dan lugar
al texto que es presentado a los ciudadanos en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

La ponencia que trabaja en la redacción del anteproyecto está formada por dos progresistas y cinco conservadores, de los cuales uno nacionalista:

Miguel Herrero de Miñon, un jurista que ha venido trabajando con el Ministro de Justicia, Landelino Lavilla, desde el primer Gobierno Suárez. Pertenece a UCD.
José Pedro Pérez-Llorca, alto funcionario de las Cortes, pertenece a UCD.
Gabriel Cisneros, ex falangista reformista y ahora simplemente conservador. Pertenece a UCD.
Jordi Solé Tura es el representante del PCE, un intelectual de origen obrero que acabará años más tarde en el PSOE.
Gregorio Péces-Barba es el hombre del PSOE, el experto en Derecho Constitucional del partido, hombre simpático y muy tenaz.
Miquel Roca es el ponente de Pujol; es un catalanista muy serio y tan buena persona que acabará su carrera política prematuramente.
Manuel Fraga representa a Alianza Popular, o quizás sea Alianza Popular.

El empeño del PSOE por dejar fuera de la ponencia a Tierno Galván, culpable de no haberse integrado, lleva por una serie de razones técnicas a dejar fuera también a los nacionalistas vascos. Esta ausencia se pagará a un precio muy caro: el PNV no votará la Constitución quedando hasta el momento fuera del Pacto Constitucional, aunque lo acate.

Otra dificultad es el hecho de que UCD no sea un partido sino una coalición electoral: los tres ponentes tienen visiones diferentes de cada asunto y tienen además que hacer cuentas con las numerosas tendencias que se cuecen en la coalición, siendo Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno para asuntos políticos, el personaje que más sed de protagonismo tiene en este sentido. Péces Barba y Fraga, por otro lado, son extremadamente exigentes en sus pretensiones, y el primero llega a retirarse de la ponencia para forzar concesiones. Los mediadores son los otros dos padres de la Constitución, Miquel Roca y, paradójicamente, Jordi Solé Tura del PCE, que siente como Carrillo la necesidad de dejar claro su sentido de la responsabilidad y la capacidad de los comunistas de llegar a un consenso.
En este sentido es curioso pensar que son los socialistas los únicos que votan en contra de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, sobre todo si se piensa que en 1998 el PCE se indigna frente a la existencia de un Rey y exige, ya solo, un viraje republicano. Sobre los numerosos debates a propósito del texto definitivo abundan anécdotas, siendo las relativas a las reuniones secretas hasta altas horas de la madrugada de Fernando Abril Martorell de UCD y Alfonso Guerra del PSOE las más numerosas. El motivo de estas reuniones es que el texto definitivo está siendo aprobado en la comisión por una mayoría formada por UCD y AP, y esto estorba mucho a UCD y a la Corona que temen que se hable de una Constitución reaccionaria y que en el próximo programa electoral del PSOE figure la revisión constitucional.
Es por esto que Adolfo Suárez releva del cargo de representante de la UCD ante la comisión al tímido Landelino Lavilla, cuyo brazo derecho es el ponente Herrero de Miñón, e impone a Fernando Abril Martorell, un extrovertido animal político.

    El texto es aprobado el 31 de agosto de 1978 en el Congreso por 325 votos a favor, 6 en contra (del diputado de EE y de diputados de AP) y 14 abstenciones (entre las que figuran las del PNV), en el Senado por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.
    El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español aprueba el texto con resultados preocupantes: el 33% del censo se abstiene y por esto los síes (15,7 millones) significan un 58% del censo total y los noes (1,4 millones) un 8%.
    La Constitución es finalmente sancionada en el Congreso de los Diputados por el Rey Juan Carlos I.

La Constitución de 1978 es la primera que se alcanza en España por consenso, un consenso ensayado en los Pactos de la Moncloa y hallado en pocas otras situaciones. A esto se suma su larga vigencia, hecho también este único en la historia de España.

La Constitución: análisis

Definida la forma de Estado, los títulos de la Constitución que se refieren a los derechos de los ciudadanos reciben un fuerte impulso del ponente socialista, que exige la detenida enumeración y no la simple remisión a tratados internacionales.
También en lo económico y en lo social la Constitución recibe la influencia decidida de las fuerzas de izquierda: aun definiéndose el sistema económico español como una economía social de mercado, como en el resto de países occidentales, hay una serie de artículos que hablan, por ejemplo, del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, de la subordinación de la riqueza al interés general, de la planificación. Una retórica inspirada en la reciente revolución de los claveles portuguesa y que jamás ha sido aplicada.
Muy progresista es el título IX, también debido principalmente a Gregorio Péces-Barba, según el cual corresponde a los poderes públicos garantizar la igualdad de los derechos de todos los españoles.

Sin embargo es el título VIII, referente a la organización territorial del Estado, el más original, debatido, y finalmente ambiguo. Se trata de incluir las fuertes reivindicaciones nacionalistas vasca, catalana y gallega y las incipientes valenciana, canaria y andaluza, esta última sin el sentido histórico o geográfico de las otras, pero fomentada por el PSOE. Y esta inclusión de reivindicaciones debe satisfacer al mismo tiempo a quienes se sienten diferentes de los demás y al principio de igualdad de todos los ciudadanos.
La situación vasca es complicada. Los nacionalistas exigen en 1977 (como en 1998) la restitución de los fueros precedentes a 1839, por los que el País Vasco gozaba de una soberanía compartida con el Monarca español. Por otro lado, lo que en 1839 se dejó a las tres provincias vascongadas es un concierto económico, es decir un trato especial respecto al resto de España por lo que se refiere al pago de impuestos. Franco, tras la Guerra Civil, deroga este concierto a Vizcaya y Guipúzcoa, que se han opuesto a su invasión, mientras que lo sigue permitiendo en Álava, que ha adherido inmediatamente al alzamiento.
La solución que da a todo esto la Constitución de 1978 es: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». A parte de los larguísimos debates que llevan a aceptar el término nacionalidades, este texto no diferencia el grado de autonomía que pueden alcanzar una nacionalidad y una región, que además no están definidas ni individualizadas.
Además describe, en otro artículo, dos ritmos diferentes para que el Estado conceda esta autonomía, pero no cierra el tema de la diferenciación.
La Constitución proclama su respeto por los derechos históricos de los territorios forales (además de los tres territorios vascos, no olvidemos Navarra), pero no precisa en qué consisten estos derechos.
El constitucionalista Francisco Rubio Llorente escribe que «se trata de una concepción en cierto sentido provisional, que no incluye, ni para acogerla ni para rechazarla, la visión catalana y vasca... En este extremo fundamental, nuestra Constitución sigue estando abierta, inconclusa», lo cual no es en sí negativo.

Bibliografía

Para la redacción de la presente web sobre la transición se ha consultado en mayor o menor medida los siguientes libros y artículos, en orden alfabético de los apellidos de los autores.

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Raymond Carr - España: de la Restauración a la democracia, 1875~1980 - Ariel, Barcelona, 1983.

Santiago Carrillo - Juez y parte. Quince retratos españoles - Plaza & Janés, Barcelona, 1996.

María Ángeles Escrivá - El camino de vuelta - El País/Aguilar, Madrid, 1998.

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Fernando González-Doria - ¿Franquismo sin Franco...? - Cunillera, Madrid, 1974.

Manuel Gutiérrez Mellado - Un soldado en España - Argos Vergara, Barcelona, 1983.

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón - Memorias de estío - Temas de hoy, Madrid, 1993.

Santos Juliá - Los socialistas en la política española, 1879-1982 - Taurus, Madrid, 1996.

Diego López Garrido - Franco y su Consejo de Ministros - El País, 4/12/1992, pág. 17.

José María Lorenzo Espinosa - Historia de Euskal Herria, tomo III - Txalaparta, Tafalla, 1995.

Gregorio Morán - El precio de la transición - Planeta, Barcelona, 1992.

Manuel Navarro - Un acuerdo para la transición - El País, 25/10/1997, pág. 23.

José Oneto - Del franquismo al felipismo - Tiempo, Madrid, 1992.

Ángel Palomino - Caudillo - Planeta, Barcelona, 1992.

Victoria Prego - Así se hizo la Transición - Plaza & Janés, Barcelona, 1995.

Ramón Tamames - La República. La era de Franco - vol. 7 de la Historia de España dirigida por Miguel Artola, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Vicente Enrique Tarancón - Confesiones - PPC, Madrid, 1996.

Javier Tusell - La transición española a la democracia - en Historia 16, Madrid, febrero 1997.

Francisco Umbral - Crónica de esa guapa gente - Planeta, Barcelona, 1991.

Varios autores - Memoria de la transición - El País, Madrid, 1996.

Manuel Vázquez Montalbán - Mis almuerzos con gente inquietante - Planeta, Barcelona, 1984.

Manuel Vázquez Montalbán - Crónica sentimental de la transición - Planeta, Barcelona, 1985.